Un plan de acción sólido, articulado en cuatro fases, centradas en priorizar sectores de actividad, adoptar un enfoque a largo plazo, evolucionar las capacidades del sector público y establecer un modelo de gobierno integral, sería clave a la hora de liderar desde España la apuesta por las compras públicas sostenibles, según el estudio ‘Compra pública sostenible en el sector de la construcción: Del concepto a la acción’, presentado por Oficemen y Roland Berger en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. En la presentación, el decano del colegio profesional, Rafael Magro, ha destacado que “la sostenibilidad debe ser el eje central de todos los proyectos para construir solo infraestructuras resilientes”.
“Las administraciones públicas deberían dar un paso al frente y liderar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad en el sector de la construcción”, ha explicado durante el acto el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, que ha añadido que “algunos países, como Países Bajos y Canadá, han demostrado que un marco legal complejo, un enfoque genérico de la sostenibilidad o la falta de experiencia no son excusas para lograr que los procesos de compra pública tengan en cuenta criterios de sostenibilidad. Y España tiene una oportunidad única para aprovechar esas experiencias y liderar el proceso, con un enfoque de largo plazo que incluya el ciclo de vida”.
Aunque existen numerosas publicaciones sobre la inclusión técnica y legal de los criterios de sostenibilidad en los procesos de compra pública, la realidad es que su implementación es limitada entre los miembros de la UE. En este sentido, el estudio incide en que sectores como la construcción o las IT son claves para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente por el elevado gasto público e impactos que representan, por lo que deberían priorizarse. De hecho, en España, el Plan de Contratación Pública Ecológica publicado en 2019 ya reconoce a la construcción como un sector prioritario. Esto debería ir unido a un enfoque de coste de ciclo de vida complementado con criterios e incentivos relacionados con los aspectos ambientales y sociales.
Para ello, el estudio incide en aspectos de mejora, como la adaptación de los procesos de compra a las nuevas herramientas LCC (Life Cycle Costing), acompañada de programas formativos que permitan a los empleados del sector público maximizar una incorporación realmente efectiva de los criterios de sostenibilidad en los procedimientos de licitación, con un sistema de seguimiento que incorpore KPIs concretos que permitan medir en igualdad de condiciones el éxito de la iniciativa a escala global.
Los autores del informe recomiendan incluir en criterios de sostenibilidad en la construcción el coste de ciclo de vida y la monetización del impacto social y ambiental, sumándose al estudio de impacto ambiental y social
“Algunas regiones y administraciones públicas en España están abordando la sostenibilidad con un enfoque propio, identificando los sectores de actividad que son prioritarios para ellas y definiendo sus propios criterios en materia de sostenibilidad. Pero el resultado es una cantidad ingente de planes de acción, programas y acuerdos voluntarios totalmente inconexos que han obstaculizado la obtención de resultados de alto impacto”, ha explicado durante la presentación Juan Luis Vílchez, de Roland Berger.
“En España, los criterios de sostenibilidad en la construcción se limitan casi en exclusiva al estudio de impacto ambiental y social exigido, sin incorporar el coste de ciclo de vida ni la monetización del impacto social y ambiental. Esto se traduce en un grado de normalización mínimo, sin estándares reales que permitan su utilización en los procesos de licitación”, añade Vilchez.
El estudio se ha presentado en un acto realizado en colaboración con la demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que han participado también el decano de la Demarcación de Madrid del CICCP, Rafael Magro; el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el presidente de la Asociación Madrid Capital Mundial Ingeniería, Construcción y Arquitectura (MWCC), David García Núñez; el director técnico de Seopan y director gerente de la Plataforma Tecnológica de la Construcción (PTEC), Carlos Martínez; y el director del Área de Innovación del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), César Bartolomé.
El estudio concluye también que tener en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la compra pública de infraestructuras, permite optimizar la asignación presupuestaria y reducir los impactos, dos variables que permitirían que la contratación pública en el sector de la construcción se alineara con las prioridades establecidas por la UE.
El acto de presentación del estudio ha contado con la participación de Antonio Burgueño, presidente del CEN TC 350 WG5: Sustainability in Civil Engineering Works, que ha remarcado en su ponencia magistral la importancia de utilizar un enfoque de ciclo de vida en los criterios de compra pública verde.
Por su parte, Gonzalo Fernández, del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad de la Demarcación del Colegio de Caminos de Madrid ha presentado diferentes iniciativas llevadas a cabo para valorar la sostenibilidad en los contratos y licitaciones; y algunos casos reales de contratación.
Revista digital de arquitectura, ingeniería y construcción.
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