El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha colgado en su página web el proyecto de Real Decreto (RD) por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el marco del proceso de participación pública.
Una vez aprobado el Plan de Recuperación por la Comisión Europea, arranca la tramitación de la regulación necesaria para movilizar una parte importante de la inversión prevista en la Componente 2 (Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana); en concreto la destinada a la rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales (inversión C01.I01), y para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes (inversión C02.I02). ç
Estas inversiones, junto con las medidas fiscales que se regularán en otra norma con rango de ley, cuya tramitación se llevará a cabo en las próximas semanas, suman 4.420 millones y se ejecutarán hasta 2026. A partir de hoy se abre el trámite de información pública mediante el cual los ciudadanos, organizaciones y asociaciones podrán aportar opiniones y observaciones que permitan enriquecer y conformar el texto definitivo que continuará con la tramitación administrativa y aprobación final.
El proyecto de Real Decreto concreta la instrumentación de las inversiones en rehabilitación y vivienda social, cuya gestión corresponderá a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en estrecha colaboración con MITMA a través de las correspondientes comisiones bilaterales de seguimiento, y con las entidades locales, cuyo papel es esencial para dinamizar el sector y liderar la regeneración de nuestras ciudades.
Esta regulación se promueve como un instrumento complementario del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025
En el ámbito de la rehabilitación, todas las ayudas reguladas en este RD están condicionadas y moduladas por los ahorros energéticos que se obtengan con la actuación, pero parten del concepto de rehabilitación integral en el contexto de una mayor calidad del entorno construido, objetivo fundamental de la Agenda Urbana Española.
El Real Decreto articulará inversiones para la rehabilitación de viviendas y entornos residenciales, así como para la promoción de nuevas viviendas en alquiler asequible. Se podrán ejecutar hasta 2026
Se pretende que adquiera especial relevancia la figura del agente o gestor de la rehabilitación, configurada como aquélla persona o entidad que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión de ayudas públicas y acceso a la financiación, así como la elaboración de documentación o proyectos técnicos, además de todas las actuaciones necesarias para el desarrollo de las iniciativas de rehabilitación o mejora que se puedan financiar a través de alguno de los programas recogidos en este Real Decreto.
Además de permitir disponer de los fondos a través de ayudas para las obras de rehabilitación y sus costes asociados, como los de gestión, el Real Decreto abre la puerta a que puedan subvencionarse documentos técnicos como el Libro del Edificio Existente, enfocado a ofrecer a las comunidades de propietarios el potencial de mejora de su edificio y una posible planificación de actuaciones. También permitirá dar apoyo a las “oficinas de rehabilitación” que puedan implementar las distintas administraciones. El objetivo de estas oficinas será el de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a agilizar la implementación y la gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial al servicio de los ciudadanos, comunidades de propietarios, empresas y agentes rehabilitadores.
El texto se puede consultar en el siguiente enlace
De los 4.420 millones de euros, el RD articula la inversión de 1.000 millones de euros para el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública. Estas promociones podrán ser financiadas en su totalidad por los promotores públicos si bien, prioritariamente, deberán promoverse fórmulas de colaboración público-privada que optimicen la utilización de los fondos públicos.
Esta regulación se promueve como un instrumento complementario del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, cuyo proyecto de Real Decreto también se acaba de someter a trámite de información pública a través de la página web del MITMA.
Revista digital de arquitectura, ingeniería y construcción.
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